La Paz, 17 nov (Prensa Latina) La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto resolvió hoy continuar los bloqueos en la ciudad y en las 20 provincias de La Paz para exigir la renuncia del gobierno golpista en Bolivia.
Según la organización vecinal, harán un «cerco a toda la ciudad de La Paz» a partir de la medianoche para seguir la presión a favor de «la renuncia de la autoproclamanda presidenta Jeanine Áñez» y la dimisión de la alcaldesa alteña Soledad Chapetón «por traición al pueblo».
La organización vecinal se reunió en la avenida Panorámica de El Alto, donde también demandaron el repliegue inmediato de los militares a sus unidades y pidieron a la policía que se reivindiquen con todos los ciudadanos para alcanzar la paz.
Al mismo tiempo, exigieron la expulsión del país de los opositores y promotores de golpe de Estado del pasado 10 de noviembre Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Marco Pumari, Waldo Albarracín y Rafael Quispe «por incitar a la violencia entre los bolivianos».
La Fejuve advirtió que, en caso de desconocerse estas peticiones acordadas en el cabildo, «se tomarán medidas más radicales».
A su vez recalcaron que continuarán el paro indefinido, con bloqueo de las 100 mil calles, «cerco a toda la ciudad de La Paz, a partir de las 00:00 horas».
Mientras, desde México donde se le ofreció asilo político para preservar su integridad, Morales denunció que «la dictadura volvió a Bolivia».
En declaraciones a TeleSur, el exgobernante expresó el orgullo al ver cómo su pueblo resiste, pese a la represión desatada por las autoridades golpistas que solo ayer provocaron la muerte a ocho manifestantes en Cochabamba y al menos 130 heridos.
Precisamente, productores de coca de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, junto a otros sectores, salieron este sábado nuevamente en una marcha que partió desde el municipio de Sacaba rumbo a la ciudad de Cochabamba.
Pero un fuerte contingente policial y militar los dispersó, pese a que los movilizados aseguraron que se trataba de una marcha pacífica que pretendía dar el último adiós a los fallecidos ayer, víctimas de la represión de esas fuerzas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre la vigencia aquí del decreto 4078 aprobado por Áñez que exime de responsabilidad penal a los militares que participan de los operativos contra el pueblo «para restablecer el orden en ciudades como La Paz y Cochabamba», principales focos de apoyo a Morales.
«El grave decreto de #Bolivia desconoce los estándares internacionales de DDHH y por su estilo estimula la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de DDHH», señaló el organismo en un mensaje en su cuenta de Twitter.